Ante la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León del proyecto de decreto sobre zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos, que pasan de 67 a 387 municipios de Castilla y León, ASAJA ha expresado su disconformidad, por no compartir los criterios que se han tenido en cuenta ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación.

Los mismos estudios oficiales reconocen que, aún en el caso de proceder de fuentes de origen agrícola y ganadero, se trata de una contaminación “difusa”, que no obedece a un patrón único identificable. Por ejemplo, se incluyen zonas en las que abunda la ganadería y otras en las que no, zonas en las que existe una agricultura más intensiva y otras en las que no. Por lo tanto, la propia administración reconoce que no hay relación directa entre la contaminación por nitratos y la ganadería o la agricultura más intensiva.

ASAJA tampoco está de acuerdo con muchas de las medidas correctoras, que “resultan cuando menos de eficacia dudosa y que supondrán un freno a la productividad de las explotaciones”, y apunta también a un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas.

Exterior de una explotación porcina.

Esta propuesta aumenta en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la comunidad declarada como zona vulnerable, pasando de 2.340,62 kilómetros cuadrados a 14.414,11 kilómetros cuadrados. Esto supone tener una figura de protección de las aguas sobre el 15% de la superficie de la Comunidad. Pero mucho más significativo es que se extiende hasta el 20% de la superficie agraria útil de Castilla y León.

Asaja señala que la actividad agrícola es la única actividad económica en la mayor parte de nuestro territorio. En general es poco productiva, lo que exige optimizar los recursos empleados, por lo que el ahorro de costes es un factor determinante. Por ello, el agricultor no hace aportaciones de abonado por encima de lo necesario, porque sería un lastre para su productividad y menos cuando hay sequía, porque perjudica agronómicamente y en regadío la modernización es continua, sustituyendo sistemas obsoletos para evitar escorrentías y pérdidas de nutrientes.

Asaja hace una defensa especial de la ganadería, actividad que es fundamental para la economía y que es la que más población fija todo el año. Castilla y León tiene una baja carga ganadera, y el uso del abono orgánico en la amplia superficie agrícola de la comunidad autónoma no tiene por qué suponer un problema medioambiental. Por ejemplo, la carga ganadera de porcino en Cataluña es de 240 cerdos/km^₂, y en Aragón 166, mientras que en Castilla y León es de 42. Además de la gran extensión de la comunidad, hay ya unas exigentes normas de gestión de residuos.