Las zonas vulnerables por nitratos, con un nuevo programa de actuación de la Junta de Castilla y León desde el 1 de septiembre, lamentan la falta de claridad y temen la burocracia y la posible pérdida de rentabilidad que conllevan los límites para proteger los acuíferos. Con el próximo Plan Hidrológico, la CHD aumentará las estaciones de control para comprobar que se reducen las aplicaciones de nitrógeno entre un 10 y un 40%.

Inés Calderón, técnico de la cooperativa Horcaol y Javier Alonso, agricultor en Fuente el Olmo de Íscar (Segovia) y socio de la entidad.

Desde el pasado 1 de septiembre está en vigor el nuevo programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, que sustituye al anterior de 2009. La nueva orden especifica aún más los límites, con una mayor concreción de lo que se puede y no se puede hacer, con medidas tanto para agricultores como ganaderos.

Porque un agricultor de zonas vulnerables está obligado a hacer un estudio de las necesidades reales de fertilización de cada uno de sus cultivos teniendo en cuenta no solo la producción esperada y las extracciones previstas, sino también cómo es su suelo, la cantidad de nitrógeno mineral ya disponible según indiquen los análisis y los aportes de nitrógeno del agua y de la cosecha anterior. Y todo ello plasmarlo en un libro-registro que ahora pasa a ser obligatorio para todos (antes solo para quienes superaban las 10 ha de regadío) o incluirlo directamente en el cuaderno de explotación (con algunos datos imprescindibles como un resumen de aplicaciones anuales expresadas en unidades nitrogenadas).

Otro de los cambios se refiere al periodo de aplicación del abono. Si antes podía realizarse hasta tres meses antes de implantar el cultivo, ahora ese plazo se reduce a un mes antes. Lo que sí se permite es incrementar los valores de referencia un 20% si se utilizan fertilizantes modernos con inhibidores de la nitrificación.

El objetivo es aparentemente sencillo: que los cultivos reciban exactamente los abonos nitrogenados que pueden aprovechar y se eviten aplicaciones de más que acaben en las aguas subterráneas. Pero su aplicación ha resultado más compleja. No en vano, incluso la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por una aplicación deficiente de la directiva de nitratos.

Iván Cadenas, gerente de Triticum Agro.

Iván Cadenas es ingeniero agrícola y gerente de Triticum Agro, empresa de asesoramiento de cultivos. Se encuentra en el Valle de Esgueva de Valladolid, una de las nuevas zonas vulnerables a partir de la última actualización. Cadenas explica que el análisis de suelo es el punto de partida fundamental para tratar de ajustar las cantidades de fertilizante. “En base a las necesidades y las restricciones hacemos un plan de abonado. Existen enormes diferencias en secano y en regadío. En el primer caso dependemos de las precipitaciones para incorporar el abono al cultivo. En regadío no existe ese problema, lógicamente, pero en cambio es un reto enorme alcanzar la producción esperada con los límites que existen”.

Hay que tener en cuenta, continúa Iván Cadenas, que el agricultor de regadío ha hecho una gran inversión y tiene costes elevados en inputs, maquinaria… con márgenes ajustados: “El agricultor quiere lo mejor para su cultivo y no quiere gastar más de lo que debe”. Pero a la vez todo son dudas porque el semillista propone un plan de abonado, la normativa otro y el agricultor otro, ¿cuál es el más acertado? ¿Cuál es el más sostenible desde un punto de vista económico y medioambiental?”. Por eso, insiste, la clave en regadío es ajustar los aportes a las necesidades reales con análisis foliares y fertirrigación para que la planta asimile la mayor parte de los nutrientes y se reduzca la lixiviación.

Este problema afecta ya a 387 municipios de Castilla y León (hasta 2020 eran solo 67 municipios, por lo que ha aumentado en más de 10.000 kilómetros cuadrados la superficie de la Comunidad declarada como zona vulnerable). Incluso no se descarta que toda la región acabe siendo una única zona por la pésima evolución de los datos. Habrá que esperar a la finalización del programa actual 2020-23 para conocer los nuevos resultados a partir de los cuales, si no han surgido efecto las medidas, deberán adoptarse nuevos programas más exigentes.

De acuerdo con la directiva europea y la orden de la Junta, la contaminación por nitratos provoca dos problemas principales: primero, las aguas no pueden ser usadas directamente para uso humano porque previamente deben ser depuradas mediante costosos sistemas; y segundo, deriva en la eutrofización de las aguas superficiales y la contaminación de las aguas subterráneas disminuyendo su calidad, lo que también podría provocar restricciones en un futuro en el sector ya que la CHD evaluará tanto la cantidad como la calidad del agua.

El problema, continua la orden de la Junta, deriva del exceso uso de fertilizantes nitrogenados. Exactamente 118.000 toneladas de nitrógeno/año por encima de las necesidades reales de los cultivos en Castilla y León. Esto supone un exceso de nitrógeno de 25 kg/ha de superficie agraria útil y un gasto en las explotaciones agri´colas de aproximadamente 23 millones de euros.

Iván Cadenas (Triticum Agro): “La clave en regadío es ajustar los aportes a las necesidades reales con análisis foliares y fertirrigación para que la planta asimile la mayor parte de los nutrientes y se reduzca la lixiviación”.

“Nos están obligando a que cada agricultor tenga un técnico a su servicio y eso tiene un coste. Al final -explica Javier Alonso- la agricultura se dirige a grandes explotaciones que pueden permitirse esos gastos, incluso las administraciones lo prefieren porque se reducen interlocutores”.

La zona de influencia de la cooperativa hortícola Horcaol, dedicada en exclusiva al cultivo de zanahoria, se encuentra en los pueblos del sureste de Valladolid y norte de Segovia, localidades que conviven con las limitaciones por ser zonas vulnerables desde 2009, por lo tanto, una comarca con experiencia ante este problema.

Inés Calderón es la técnica agraria de la cooperativa. La encargada de que cada agricultor entregue las muestras de tierra y agua para poder realizar el plan de abonado teniendo en cuenta el cultivo anterior, el nitrógeno que ya existe en el suelo, el que se aportar por el agua de riego y la producción que se espera obtener. De hecho, la propia normativa fija que cuando se calculan producciones superiores a las medias se podrá incrementar la dosis de abonado puesto que el cultivo va a aprovechar esos aportes.

También es necesario un aprendizaje y saber en cada momento qué abonos se utilizan. Aunque ha mejorado el conocimiento entre los agricultores de los tipos de fertilizantes nitrogenados, su composición y el momento óptimo de aplicación, Inés Calderón sí reconoce que debe incrementarse esa formación: “El ciclo del nitrógeno va en función de las temperaturas, el agua que aportes y el tipo de suelo, y antes probablemente se abusaba por si caso tanto en el nitrógeno como en el agua necesaria”.

“El agricultor se ha hecho más profesional y ahora somos más conscientes de lo que echamos”, corrobora Javier Alonso, agricultor en Fuente el Olmo de Íscar (Segovia) y socio de Horcaol, pero a la vez se muestra preocupado por cómo crece la lista de productos prohibidos para su utilización en el campo y el riesgo de pérdida de rentabilidad que puede producirse. Inés Calderón se expresa en el mismo sentido: “Todos nos preocupamos por el medio ambiente, pero no solo puede ser prohibir, hay que ofrecer alternativas que compensen esa reducción de rentabilidad. Si al final aquí no compensa producir e importamos productos de fuera para poder competir, se van a cargar la agricultura en España”.

Javier Alonso identifica otro problema creciente: la burocracia. Las zonas vulnerables tienen una carga superior de cumplimiento de papeles. Tiempo que debe restar a otras tareas, por ejemplo las del campo, o generar un gasto nuevo y hacerlo de forma externa. Papeleo extra que se une a la necesidad de que un técnico realice los planes de abonado. “Nos están obligando a que cada agricultor tenga un técnico a su servicio y eso tiene un coste. Al final -explica Javier Alonso- la agricultura se dirige a grandes explotaciones que pueden permitirse esos gastos, incluso las administraciones lo prefieren porque se reducen interlocutores”.

Para este agricultor con experiencia en los cultivos de zanahoria, patata y cebolla, principalmente, hay algo que también le preocupa: de quién es la responsabilidad: “El técnico hace la recomendación y los datos de las aplicaciones los facilitas a un gestor para que realice el cuaderno de campo, pero si al final existe algún problema, ¿quién es el responsable, el agricultor?”.

En esta cooperativa se siguen además otras estrategias para seguir ajustando la dosis de fertilización con la utilización de tecnología, análisis y fertirrigación, así como el empleo de bioestimulantes a base de microorganismos que protegen la salud del suelo. También se prueban nuevas técnicas de cultivo con una mayor separación de las hileras de zanahorias, a 75 centímetros a partir de caballones similares a los de las patatas. Javier Alonso explica que de esta forma la planta está más aireada, más sana y requiere menos abono. La producción puede reducirse algo, pero la calidad es mayor, con menos estrío y por tanto puede que la rentabilidad no se resienta.

La norma prevé la reducción a un mes máximo el tiempo que puede estar almacenado el estiércol en la parcela antes de su distribución.

Por su parte, los ganaderos deben disponer de una base de tierra suficiente para distribuir los estiércoles. El límite máximo son los 170 kilos de nitrógeno de origen ganadero por hectárea, que deberán figurar en el libro-registro del agricultor y sumarse a todas las aplicaciones para hacer el cálculo global. Además, también se reduce a un mes máximo el tiempo que puede estar almacenado el estiércol en la parcela antes de su distribución. Incluso se prohíbe acumularlo en suelos arenosos o franco-arenosos.

La trazabilidad y control de lo que ocurre con el estiércol cada vez es mayor. Según explica un gestor autorizado que opera en Segovia debe registrar la ganadería de procedencia, las cantidades, el transportista y la parcela donde se aplica el abono. Dónde sale, quién lo lleva y dónde se aplica, además de someterse a inspecciones en las que se revisa la estanqueidad de la caja del camión y el estado de las lonas, así como realizar desinfecciones periódicas. Como corrobora este gestor, en todo momento es posible el cruce de datos para el control por parte de la administración.

El puzzle normativo, que provoca también quejas por falta de claridad entre los agricultores afectados, se completa con la actualización del real decreto para la protección de las aguas contra la contaminación difusa por nitratos procedentes de fuentes agrarias aprobado por el Gobierno central en enero. El objetivo que se anunció entonces fue claro: hay que reducir un 20% el uso de fertilizantes para disminuir un 50% la contaminación.

Los organismos de cuenca serán los encargados de vigilar el cumplimiento del conjunto de medidas para disminuir la contaminación de las aguas subterráneas. Habrá más estaciones de control y aumentará el número y frecuencia de los muestreos en las aguas para analizar su contenido en nitrógeno y otros contaminantes asociados.

De hecho, la última propuesta del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero ya establece medidas para hacer frente a esta contaminación difusa. Entre otras, se rechazarán nuevos derechos concesionales para uso de regadío o ganadero en explotaciones intensivas de zonas vulnerables. Igualmente, se marca el objetivo de reducción de nitrógeno, que varía entre un 10 y un 40% según las zonas (se puede consultar el porcentaje exacto por parcela en el visor Mirame-CHD).

La supervisión del organismo de cuenca, bajo la atenta mirada de Europa que hasta la fecha ha visto insuficientes las medidas de España para proteger la calidad de las aguas, puede empezar a convertirse en una amenaza más real para las zonas vulnerables.